Bienvenidos queridos lectores.

La Ley N° 20.422 contempla, en cuanto a edificaciones, trabajo, educación y otros, para la inclusión social de las personas con discapacidad.

¿Que es Inclusión Social? 

Situación en la que todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional puedan ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad  y tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que abre el conocimiento económico. 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de su pensamiento. 

Normalmente, la inclusión social se relaciona con los sectores más humildes, pero también puede tener que ver con minorías discriminadas y dejadas de lado, tal es el caso de comunidades aborígenes o de etnias minoritarias, como ser los gitanos.

Entonces, dentro de la inclusión debemos agrupar a las actitudes, las políticas y las tendencias, que se propongan integrar a las personas de distintos sectores a la sociedad a la cual pertenecen, proponiéndose que las mismas contribuyan aportando sus talentos recibiendo por parte de la sociedad beneficios. La inclusión debe concretarse desde todos los planos: político, económico, educativo, social, entre otros.

  ¿Cuáles son los deberes del Estado en materia de inclusión de las personas con discapacidad?

En líneas generales:

ª Promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y mejorar su calidad de vida.

ª Promover la autonomía personal de las personas con discapacidad en situación de dependencia.

ª Proporcionar información pública, permanente y actualizada sobre los planes conducentes a la prevención de discapacidades.

ª Fomentar la rehabilitación en base comunitaria, así como la creación de centros públicos o privados de prevención y rehabilitación.

                                                                                  

¿Qué hacer ante un caso de discriminación?

Debe denunciarse ante el juez de policía local correspondiente al domicilio del afectado, sin perjuicio de otras acciones legales. La sanción consiste en una multa de entre 10 y 120 UTM, que se duplicará en caso de reincidencia. En ciertos casos también se clausurará el establecimiento infractor.

En la mayoría de los casos se sienten vulnerables e indefensos ante una situación que viola derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Se sienten frustrados y cansados de luchar por algo que debería ser de obligado cumplimiento. Muchas de estas situaciones ocurren en el entorno cercano de la persona con síndrome de Down. Aunque debería acogerles, paradójica mente es donde se producen la mayor parte de las discriminaciones.